El presidente de la República, Daniel Noboa, lanzó este martes 12 de noviembre una acusación contundente contra el hijo de la vicepresidenta suspendida, Verónica Abad, señalando que presuntamente tiene 7,2 millones de dólares en paraísos fiscales. Esta denuncia se suma a un complejo panorama judicial en el que Abad está involucrada, siendo procesada por presuntamente haber solicitado pagos mensuales a un trabajador de la Vicepresidencia a cambio de influir en su contratación.
La denuncia de Noboa fue hecha a través de la red social X, mientras celebraba el nombramiento de su nuevo ministro de Gobierno, José De la Gasca, y hacía un balance de sus primeros 11 meses de mandato. Entre sus logros, Noboa destacó su lucha contra la «canallada dentro del Gobierno» y, sin entrar en detalles, afirmó que «se investigan las cuentas en paraísos fiscales del hijo de la vicepresidenta», dejando claro que esta investigación es parte de la serie de tensiones que lo enfrenta con Abad, quien fue enviada a Israel como embajadora, con la misión de mediar entre israelíes y palestinos.
Este enfrentamiento se intensificó luego de que Abad fuera suspendida durante cinco meses por no cumplir con su traslado a Ankara, luego de que se le reubicara allí por motivos de seguridad. En una decisión sorpresiva, Noboa designó a Sariha Moya, la secretaria nacional de Planificación, como vicepresidenta encargada. Esta medida afectará la posibilidad de que Abad asuma temporalmente las funciones presidenciales en caso de que Noboa necesite pedir licencia durante la campaña electoral de 2025, cuando buscará su reelección, de acuerdo con la Constitución.
La administración de Noboa ha sido clara al expresar que no desean que Abad ejerza funciones presidenciales, lo que ha generado una tensión creciente entre ambos. En medio de este clima, el hijo de Abad, acusado de un caso de corrupción, pasó varias semanas en la cárcel de máxima seguridad La Roca, antes de salir en libertad condicional tras pagar una fianza de 20 000 dólares.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha señalado posibles indicios de corrupción que podrían involucrar a Abad, acusándola de concusión, un delito que implica la extorsión. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó el pedido de la Fiscalía para levantar la inmunidad a la vicepresidenta y permitir que se la incluyera en la investigación.
Abad ha rechazado tajantemente las acusaciones, asegurando que son parte de un acoso político liderado por Noboa para obligarla a dimitir. Además, ha demandado al presidente y a varios miembros de su administración por violencia política de género, mientras enfrenta una contrademanda por la misma razón. Este proceso legal se está dirimiendo en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y podría resultar en inhabilitación para ambas partes.
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó durante la campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023. Desde entonces, la relación se ha deteriorado progresivamente, y se hizo aún más evidente después de la victoria electoral de Noboa, quien, en un gesto simbólico, envió a Abad a Israel en uno de sus primeros movimientos al asumir el cargo.
