El Gobierno Nacional ha adjudicado la construcción de una de las dos cárceles de máxima seguridad en Archidona, en la Amazonía ecuatoriana, a pesar de las intensas protestas que han estallado en contra de este proyecto. Desde hace más de siete días, comunidades y organizaciones indígenas se han manifestado en rechazo, advirtiendo que radicalizarán las movilizaciones si el Gobierno sigue adelante sin una consulta previa.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) amenazó el 9 de diciembre con intensificar las protestas. La adjudicación del contrato fue realizada por el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Luis Zaldumbide, quien decidió otorgar el proyecto a una empresa cuyo nombre permanece confidencial debido a que el proceso de contratación fue declarado como reservado.
Este centro penitenciario, ubicado en Archidona, en la provincia de Napo, es uno de los dos destinados a albergar a cabecillas de bandas criminales y presos de alta peligrosidad, como parte de un plan propuesto por el presidente Daniel Noboa. El presupuesto de la obra es de 52 millones de dólares, con una capacidad estimada para 800 reclusos, y se espera que esté listo en un plazo de 300 días.
Este proyecto, al igual que el de Santa Elena, ha sido fuertemente rechazado por los habitantes de las áreas cercanas, quienes también han solicitado a la Justicia que detenga la obra. Además, la información sobre el proyecto fue clasificada como reservada el pasado 20 de agosto, en una medida similar a la adoptada en marzo para el centro de Santa Elena.
