Fiscalía solicita nueve años y cuatro meses de prisión para Wilman Terán y Maribel Barreno, exfuncionarios de la Judicatura, acusados como autores del delito de obstrucción a la justicia.
Además, el fiscal general Wilson Toainga presentó sus alegatos finales y pidió al Tribunal una condena de dos años y cuatro meses para nueve procesados adicionales, quienes enfrentan agravantes por supuestamente cometer el delito en calidad de funcionarios públicos. Los implicados son:
- Milton José A. H. – Jefe Departamental Nacional de Órganos Auxiliares y Sistema Pericial.
- Jéssica Carolina Ch. Q. – Jefe Departamental Nacional de Innovación y Desarrollo.
- S. P. C. C. – Asesor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y persona de confianza de Wilman Terán.
- Liberton Santiago C. J. – Subdirector de Patrocinio.
- Carlos Alfredo G. N. – Subdirector de Control Disciplinario.
- M. F H. M. – Asesor de la Presidencia.
- Andrés Paúl J. B. – Secretario General (e).
- Khaterine Edith L. L. – Subdirectora Nacional de Gestión de Procesos del Pleno.
- Olga Natalia V. F. – Asesora de la Vocalía 4 de Maribel Barreno.
El desenlace del caso promete ser decisivo para la lucha contra la corrupción en la justicia.
¿Qué se investiga en este caso?
El fiscal Wilson Toainga aseguró que Wilman Terán, Maribel Barreno y Xavier Muñoz conspiraron para suspender y destituir al juez nacional Walter Samno Macías.
Según el Ministerio Público, impedir que Macías presidiera la audiencia preparatoria de juicio en el caso Vocales, donde Maribel Barreno y Juan José Morillo, entonces vocales de la Judicatura, están procesados por presunto tráfico de influencias.
En un giro previo, Xavier Muñoz se declaró culpable y obtuvo una sentencia atenuada por colaborar con la justicia. Por su parte, Wilman Terán, quien ya enfrenta una condena de nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Metástasis, podría sumar nuevos cargos.
Tras los alegatos del fiscal Toainga, será el turno de los abogados defensores de los imputados. La decisión final está en manos del Tribunal de Justicia, que determinará si acoge la solicitud de Fiscalía.
