En la madrugada del 25 de diciembre, un violento ataque tuvo lugar en el sitio de construcción del nuevo centro de privación de libertad en Santa Elena. Este incidente llevó a una rápida respuesta de la Presidencia y a la apertura de una investigación previa por parte de la Fiscalía.
“Debido a este hecho, un trabajador falleció y otro resultó herido. Fiscalía dispuso el levantamiento del cadáver, la toma de versiones y la revisión de los videos de las cámaras de seguridad del área de ingreso y de avenidas aledañas”
Indicó la fiscalía
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emitió un pronunciamiento oficial a través de su director general, Luis Zaldumbide, quien calificó el hecho como un acto terrorista con la intención de generar pánico y debilitar el sistema de rehabilitación social.
De acuerdo con Zaldumbide, alrededor de 30 personas armadas participaron en el ataque, llegando al lugar disfrazadas con uniformes militares. Este grupo organizado irrumpió con violencia, dejando clara su intención de desestabilizar el proyecto de construcción que forma parte de los esfuerzos para mejorar la infraestructura penitenciaria del país.
El ataque ha generado preocupación y rechazo por parte de la sociedad, mientras las autoridades intensifican las investigaciones para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este grave suceso.
“En el contexto de un conflicto armado interno, este acto no solo buscó sembrar el miedo, sino también desafiar el compromiso del Gobierno con el control territorial y la justicia”
Añadió
Durante el ataque al sitio de construcción de la nueva cárcel en Santa Elena, un miembro de las Fuerzas Armadas fue herido. Además, el grupo armado secuestró a cinco personas, entre ellas el jefe del campamento, un ingeniero en sistemas, un técnico hidrosanitario y dos guardias de seguridad.
Según Luis Zaldumbide, director general del SNAI, las personas secuestradas ya han sido liberadas. Además, los atacantes sustrajeron los teléfonos móviles de los trabajadores del campamento.
El Gobierno condenó enérgicamente el ataque, señalando que fue ejecutado por grupos de delincuencia organizada con el objetivo de sembrar el terror y frenar el compromiso estatal de garantizar la seguridad en el país.
En un comunicado oficial, se señaló que “este atentado terrorista, utilizando explosivos, claramente busca debilitar al Estado y frenar el compromiso del Gobierno por devolver la paz y la seguridad a todos los ecuatorianos”.
La Administración resaltó que estos intentos de desestabilización no detendrán el plan integral de seguridad, el cual incluye la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, como la que actualmente se está edificando en Santa Elena.
