El abogado Lenin Vimos, líder de una red criminal especializada en la compra de sentencias para liberar a delincuentes peligrosos, admitió su culpabilidad y fue condenado a dos años y tres meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, en un juicio abreviado.
Vimos obtuvo esta pena reducida gracias a un doble beneficio, tras proporcionar información clave a la Fiscalía y confesar que falsificó certificados médicos, sobornó a jueces y recibió USD 200 000 por gestiones ilegales para asegurar acciones constitucionales y beneficios penitenciarios para sus clientes encarcelados.
En su declaración, reconoció haber colaborado con el crimen organizado y expresó su arrepentimiento, pidiendo disculpas a su familia y a las víctimas de los delincuentes que ayudó a liberar.
Además de la condena de prisión, el juez Edison Cantos ordenó a Lenin Vimos el pago de una multa de USD 277 000 y una reparación al Estado. También se le impuso la obligación de ofrecer disculpas públicas y colocar una placa conmemorativa en el Consejo de la Judicatura o en el Colegio de Abogados, que deberá llevar el siguiente texto:
Vender la justicia al crimen organizado es abrir el camino al fracaso de los pueblos y subastar el futuro de las próximas generaciones
El fiscal Wilson Toainga vinculó a Lenin Vimos como uno de los líderes de la cúpula criminal, junto con Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero, prófugo en los casos Purga y Metástasis. Ambos manejaron fondos ilícitos, los cuales distribuían entre los miembros de la red y los funcionarios judiciales que les otorgaban las boletas de libertad.
La audiencia de Vimos
La diligencia comenzó a las 09:00 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Junto a Vimos, otras 10 personas enfrentan cargos, y la audiencia es presidida por el conjuez temporal Edison Cantos, con la intervención del fiscal subrogante Wilson Toainga. En este caso, la Fiscalía General investiga un presunto esquema de delincuencia organizada que involucra a jueces, secretarios, policías, abogados y otros funcionarios públicos, quienes otorgaban acciones constitucionales ilegítimas a personas privadas de libertad.
Vimos confesó haber falsificado certificados médicos, sobornado a jueces y recibido USD 200 000 por realizar trámites ilegales para obtener beneficios penitenciarios y otras acciones constitucionales para sus clientes encarcelados.
