El conjuez Marco Aguirre Torres fue el encargado de sustanciar los pedidos de nulidad presentados por los procesados. El caso involucra a nueve personas, entre ellas, el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro de Obras Públicas Walter Solís y el exsecretario de la Reconstrucción Carlos Bernal.
Contexto del Caso
La investigación está relacionada con presunto peculado en el manejo de los fondos públicos destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de 16 de abril de 2016. Según la Fiscalía, se produjo un mal manejo de los recursos, especialmente en la priorización de proyectos que no requerían atención inmediata y que fueron aprobados sin el debido proceso.
La Acusación
La Fiscalía, encabezada por el fiscal general subrogante Wilson Toainga, sostiene que el delito de peculado comenzó a configurarse poco después del terremoto, cuando el expresidente Rafael Correa creó el Comité para la Reconstrucción, presidido por Glas. A través de un decreto ejecutivo, este comité priorizó 584 proyectos, de los cuales 30 proyectos fueron asignados a entidades como Ecuador Estratégico, Secob, Inmobiliar, el Ministerio de Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Vivienda (Miduvi).
De estos proyectos, 11 fueron clasificados como «ilegalmente» priorizados, entre ellos el Parque Las Vegas en Portoviejo y la Vía Manta-Colisa. La Fiscalía sostiene que estos proyectos no requerían urgencia, ya que algunos ya estaban pendientes de ejecución antes del terremoto. La prioridad de estos proyectos resultó en la asignación de más de USD 225,4 millones.
Petición de Nulidad de los Procesados
Durante la audiencia, la defensa de Jorge Glas presentó varios argumentos para solicitar la nulidad del caso. Uno de ellos fue que el caso no había sido autorizado por la Asamblea Nacional, como exige la Constitución. Sin embargo, el conjuez Aguirre desestimó este argumento, al considerar que no era necesario el pronunciamiento legislativo para avanzar en el procesamiento penal de exmandatarios.
Otro argumento de nulidad fue que no existía un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal al inicio del proceso, lo cual, según la defensa de Glas, era un requisito legal. Aguirre recordó que la Corte Constitucional derogó ese requisito en 2019, por lo que no era pertinente en este caso.
Finalmente, Glas también alegó que había sido torturado durante su detención en la Embajada de México en abril de 2024, lo que, según su defensa, hacía ilegal su arresto y procesamiento. El conjuez Aguirre ofició a la Fiscalía para investigar estas alegaciones de tortura, pero no se pronunció sobre la solicitud de internar a Glas en un hospital psiquiátrico.
Avances en la Audiencia
A pesar de los 17 pedidos de nulidad presentados por las defensas, el conjuez Marco Aguirre Torres declaró la validez procesal de la investigación y rechazó todos los argumentos de nulidad. La audiencia continuará en los próximos días, con el objetivo de seguir evaluando el caso y determinar si procede el juicio.
Este caso sigue siendo de gran relevancia, ya que involucra a figuras clave de la política ecuatoriana y el manejo de recursos públicos en una de las mayores tragedias del país.
