Mediante el Decreto Ejecutivo 632, el presidente Daniel Noboa declaró oficialmente como grupos armados organizados a tres estructuras criminales vinculadas a la violencia en la frontera norte del Ecuador. Las organizaciones señaladas son el Frente Oliver Sinisterra, Disidencias Comuneros del Sur y Comandos de la Frontera.
Esta declaratoria implica que las Fuerzas Armadas están facultadas para ejecutar operaciones militares ofensivas, no solo defensivas, con el fin de prevenir, combatir y desarticular a estas estructuras que han sido catalogadas como terroristas por el Estado ecuatoriano.
La medida surge tras el asesinato de 11 militares ecuatorianos en Alto Punino, Orellana, en un ataque atribuido a Comandos de la Frontera. El Gobierno ha intensificado los operativos en la Amazonía y zonas limítrofes con Colombia, al considerar que estas organizaciones criminales representan una amenaza directa a la soberanía y la seguridad interna del país.
Esta decisión marca un nuevo paso en la lucha contra el crimen organizado y los grupos insurgentes que operan en la región fronteriza y que mantienen vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal.
