Andrés Arauz, excandidato presidencial y figura de la Revolución Ciudadana, ha sido vinculado oficialmente al caso Ligados, junto con Esther Cuesta y Raúl González, exsuperintendente de Bancos. Todos están siendo investigados por una posible asociación ilícita, en un entramado que también incluye a exconsejeros del Cpccs, como Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor.
Arauz insiste en que todo se trata de una persecución política. Califica el caso como «risible», asegura que no hay pruebas directas en su contra y afirma que se lo acusa por ser dirigente político. Incluso ha recibido el respaldo del Grupo de Puebla y de juristas internacionales, que critican la restricción de su libertad.
Pero la Fiscalía tiene otro enfoque. Con base en chats extraídos del celular de Verduga, muestran cómo una supuesta red política operaba para influir en la designación de autoridades clave, como el Superintendente de Bancos, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional y hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Arauz aparece mencionado con los alias “AN” o “AA”. Aunque su defensa alega que no se puede comprobar que sea él, los mensajes revelan presuntas gestiones para asegurar cargos públicos, manipular concursos y negociar votos.
En los mensajes, “AN” se muestra preocupado por la ausencia de consejeros afines y sugiere incluso comprar pasajes para garantizar su presencia. También se le atribuye haber solicitado cuatro puestos estratégicos dentro de la Superintendencia de Bancos, algo que podría configurar tráfico de influencias.
La Fiscalía sostiene que Arauz cumplía un rol central en una estructura organizada para influir en múltiples poderes del Estado. Si se comprueba su participación directa, el delito de asociación ilícita podría quedar firme.
