Asamblea aprueba con urgencia la Ley de Integridad Pública para combatir la corrupción

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 84 votos el proyecto urgente de Ley de Integridad Pública, que incluye reformas penales, judiciales y administrativas. La normativa permitirá sancionar a menores con hasta 15 años de cárcel y declarar emergencia en la justicia para acelerar el nombramiento de jueces. Unicef advirtió que estas reformas son regresivas y afectan los derechos de los adolescentes.

En una jornada marcada por intensas discusiones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Integridad Pública, enviado con carácter urgente por el presidente Daniel Noboa. La normativa recibió 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, con el respaldo del oficialismo, independientes, algunos asambleístas de Pachakutik y un voto sorpresivo del bloque correísta.

Este nuevo cuerpo legal introduce reformas penales y administrativas, así como cambios en la Ley de Tránsito. Uno de los aspectos más controversiales es que los menores de edad que cometan delitos graves podrán recibir condenas de hasta 15 años de prisión, sin ser juzgados como adultos, pero con penas significativamente elevadas.

Otro punto clave es la declaratoria de emergencia en la Función Judicial, lo que permitirá acelerar el ingreso de nuevos jueces sin necesidad de seguir los procesos ordinarios. Según la asambleísta Valentina Centeno, ponente del proyecto, esto permitirá “tener más jueces honestos y menos jueces corruptos”.

La ley también regula la compra y uso de radares de tránsito, un tema que ha generado polémica en distintos municipios.

El organismo internacional Unicef expresó su preocupación por los posibles efectos negativos de las reformas aprobadas en la Ley de Integridad Pública. Según el comunicado, los cambios podrían agravar la crisis del sistema carcelario y limitar las oportunidades de reinserción para adolescentes infractores. Ante esto, pidió al Estado respetar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

«Este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Ecuador».

Tensión política en el Pleno: intento fallido del correísmo

Durante el debate legislativo, el asambleísta Luis Fernando Molina, del bloque correísta, intentó remover al presidente de la sesión, Niels Olsen, alegando que se habían incorporado cambios al proyecto de manera irregular. Esos ajustes fueron propuestos por Andrés Castillo, también de la bancada oficialista.

La moción de apelación fue rechazada con 83 votos en contra, lo que marcó otro revés para el correísmo. Esta es la segunda vez en menos de un mes que intentan impugnar la dirección de Olsen, sin éxito.

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