De cada USD 100 que gasta el Estado, al menos USD 35 se destinan a pagar sueldos y beneficios a casi 491.000 empleados públicos, convirtiéndose en el mayor rubro del Presupuesto General. Esta tendencia se aceleró desde 2007, bajo el modelo de expansión impulsado por el entonces presidente Rafael Correa, cuando se crearon nuevos hospitales, universidades, ministerios y empresas públicas, además de eliminar la tercerización laboral.
Para el 2024, el gasto total en salarios del sector público —que incluye al Gobierno, IESS, empresas estatales y gobiernos locales— alcanzó los USD 12.283 millones, casi cuatro veces más que en 2006. Solo el Presupuesto General del Estado destina cerca de USD 9.800 millones a este fin.
El actual gobierno de Daniel Noboa, como parte del acuerdo con el FMI, anunció el recorte de 5.000 empleados y la fusión de entidades como parte de un plan de austeridad hasta 2028. Para 2025, se proyecta que este gasto baje a USD 9.700 millones, aunque el presupuesto definitivo se conocerá en agosto.
Este esfuerzo busca frenar una tendencia que ni siquiera el correísmo logró revertir en su momento, pese a que en 2016, con la caída del precio del petróleo y el recorte de financiamiento externo, comenzó a hablarse de “restricciones presupuestarias”. Desde entonces, gobiernos posteriores como el de Lenín Moreno también eliminaron varias entidades para contener el gasto.
Sin embargo, el exviceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, advierte que los recortes no deben afectar la calidad de los servicios públicos. El Estado, dice, se convirtió en una suerte de agencia de empleo y ahora revertir esa expansión demanda una voluntad política firme y una ejecución cuidadosa.
«Poco se ha hecho en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, o en las universidades, ahí hay muchas oportunidades de optimización».
Fabián Carrillo, exviceministro de Finanzas
