La lucha contra la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano sigue avanzando. Este 1 de agosto de 2025, un nuevo operativo sacudió a Riobamba, en la provincia de Chimborazo, donde se allanaron seis inmuebles como parte de una investigación por asociación ilícita vinculada a tráfico de influencias y usurpación de funciones.
Uno de los puntos intervenidos fue el domicilio y despacho de Laura G., jueza de la Sala Civil de la Corte Provincial. Según la Fiscalía General del Estado, durante los registros se recopilaron documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos claves para la investigación.
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, confirmó que este fue el segundo gran operativo dentro del proceso de depuración judicial que impulsa la institución. Las primeras pesquisas revelarían que la jueza Laura G. habría filtrado borradores de sentencias a ciertos abogados para su venta ilícita.
“Hemos presentado la denuncia penal correspondiente al tratarse de hechos que podrían constituir los delitos de concusión y simulación de funciones. En el ámbito disciplinario, también se iniciarán las acciones pertinentes”.
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
El operativo fue coordinado con el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Policía Nacional. Aunque por ahora no hay detenidos, las autoridades recalcaron que el caso sigue en fase preliminar.
