Fiscalía abre investigación a sacerdote en Olón tras hallarlo con menores en su vivienda

Un sacerdote en Olón, Santa Elena, fue denunciado tras ser sorprendido con tres menores en ropa interior dentro de su vivienda. El hecho generó indignación, viralización en redes y abrió investigaciones de la Asamblea y Fiscalía.

Imagen referencial de sacerdote

La comunidad de Olón, en la provincia de Santa Elena, quedó conmocionada tras la denuncia contra un sacerdote que fue sorprendido dentro de su vivienda con tres menores de edad en ropa interior. Vecinos alertaron a la Policía luego de notar movimientos extraños y exigieron al religioso que abriera la puerta de su domicilio.

Según los testimonios, el sacerdote habría llevado a los adolescentes desde la iglesia hasta su casa. Al ser increpado por la presencia de los menores, intentó justificar que eran monaguillos que lo visitaban para jugar videojuegos, aunque no pudo aclarar por qué se encontraban con tan pocas prendas de vestir.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales luego de que la activista Sybel Martínez difundiera un video del momento, lo que generó reacciones inmediatas de líderes sociales y políticos. Entre ellas, Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, quien anunció un proceso urgente de fiscalización para esclarecer lo ocurrido.

“La fe no puede ser usada como excusa ni escudo para el abuso. Proteger a la niñez es un deber moral y legal”, expresó la legisladora.

Por su parte, la comunidad eclesiástica informó que el sacerdote fue apartado de su parroquia mientras se desarrolla una investigación interna.

La Comisión de la Niñez de la Asamblea, mediante un comunicado emitido el 17 de agosto, confirmó que el caso será incorporado al proceso de fiscalización sobre violencia sexual institucional y clerical que se abrió en 2024. Además, exhortó a la Fiscalía, la Dinapen y la Policía Nacional a iniciar de inmediato las investigaciones, enfatizando que ninguna investidura religiosa, política o social puede otorgar impunidad frente a delitos contra la niñez.

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