Una nueva controversia sacude al movimiento indígena del Ecuador. El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de instigación pública y asociación ilícita, tras su polémico llamado a “tomar Quito” durante el paro nacional convocado por la organización.
La denuncia, presentada este lunes 6 de octubre por el exlegislador Ramiro Rivera, señala que el discurso de Vargas constituye una incitación abierta a la violencia, dirigida contra la capital del país y las instituciones del Estado. Según el documento, sus declaraciones promueven la comisión de actos de fuerza, aunque el dirigente no participe directamente en ellos.
Rivera sostiene que existen indicios de una red organizada que habría planificado acciones violentas y coordinadas en distintos puntos del país. La denuncia incluso menciona la presunta utilización de pirotecnia explosiva, ataques a miembros de la fuerza pública, y daños a bienes públicos y privados durante las protestas.
“Es evidente que aquí hay elementos que podrían configurar el delito de terrorismo”, afirmó Rivera al presentar el escrito en la Fiscalía.
El exlegislador también pidió que se investigue el financiamiento de las movilizaciones, solicitando a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) verificar las cuentas bancarias de quienes habrían participado en los bloqueos de vías y protestas. Según su planteamiento, esta medida permitirá identificar posibles financiadores o cooperantes externos.
Además, Rivera exigió allanamientos en oficinas y centros comunitarios donde presuntamente se habrían planificado las manifestaciones, así como la retención de equipos informáticos y el análisis forense digital de las redes sociales de Vargas y de la Conaie, con el fin de establecer el grado de coordinación de los disturbios.
Hasta el momento, la Conaie no se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia, pero el caso ya ha generado reacciones políticas y sociales en todo el país, reavivando el debate sobre los límites entre la protesta social y la incitación a la violencia.
