El caso que conmocionó al país da un nuevo vuelco judicial. José Serrano y Xavier Jordán, dos de los principales implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio, deberán cumplir prisión preventiva tras la resolución emitida este jueves 23 de octubre de 2025 por la jueza María Luz Ortiz.
La decisión se tomó al cierre de una audiencia reservada de sustitución de medidas, celebrada en Quito, donde la Fiscalía General del Estado insistió en la necesidad de endurecer las medidas cautelares, argumentando riesgo de fuga y manipulación de pruebas.
Hasta ahora, Serrano y Jordán gozaban de medidas más leves, que consistían en presentarse periódicamente en el Consulado de Ecuador en Miami, disposición emitida meses atrás por la jueza Daniela Ayala. Sin embargo, la Fiscalía presentó nuevos testimonios que habrían vinculado directamente a ambos con la planificación del atentado contra Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito.
El testimonio anticipado de Daniel Salcedo habría sido clave para esta decisión. Según su versión, el narcotraficante Leandro Norero (+) habría financiado el seguimiento al político ecuatoriano, presuntamente por pedido de Jordán, mientras que Serrano habría usado sus contactos dentro de la Policía Nacional para facilitar los movimientos del grupo ejecutor.
La Fiscalía también presentó los relatos de exagentes y reclusos que aseguraron haber presenciado o conocido de las videollamadas y coordinaciones entre Serrano, Jordán y Salcedo. Además, se mencionó la presunta participación del exasambleísta correísta Ronny Aleaga, actualmente prófugo de la justicia.
Como Reaccionaron
Por su parte, Xavier Jordán reaccionó en su cuenta de X, afirmando que la fiscal del caso “mintió deliberadamente” al mencionarlo en declaraciones no sustentadas. “Existen audios y registros que demuestran lo contrario, pero prefieren ignorarlos”, escribió. Jordán sostuvo además que su presentación ante el consulado fue legal y que “la Fiscalía solo busca silenciarlo”.
Mientras tanto, José Serrano, quien permaneció 77 días detenido en un centro migratorio en Miami, enfrenta un proceso paralelo en Estados Unidos, donde la jueza Romy Llerner debe decidir si será deportado al Ecuador.
El caso Villavicencio continúa siendo uno de los procesos más sensibles y polémicos del país, con implicaciones políticas, policiales y criminales que siguen saliendo a la luz. La nueva orden judicial marca un punto de inflexión en una investigación que promete sacudir nuevamente la escena política nacional.
