El terror volvió a golpear a Manabí. La noche del miércoles 5 de noviembre, un hombre encapuchado protagonizó un ataque armado contra la sede de la Fiscalía de Montecristi, dejando a su paso disparos, panfletos amenazantes y un mensaje directo de intimidación contra el sistema judicial.
Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el agresor llegó hasta los exteriores del edificio, lanzó varios panfletos con amenazas de muerte dirigidas al fiscal Washington Llaranga, y luego disparó al menos cuatro veces contra la fachada de la institución antes de escapar.
Tras el atentado, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que abrió una investigación de oficio para identificar y capturar a los responsables de lo que calificó como un “claro intento de amedrentamiento”.
“Este ataque busca obstaculizar el trabajo de la justicia y sembrar miedo entre nuestros funcionarios, pero no lo lograrán”, señaló la entidad en un comunicado oficial.
De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó al Ministerio del Interior reforzar la protección de fiscales y personal administrativo que labora en la zona.
El hecho ocurre en un contexto de violencia generalizada contra el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, especialmente en provincias costeras como Manabí, donde operan bandas criminales vinculadas al narcotráfico.
Fuentes policiales confirmaron que los panfletos hallados en el sitio contenían mensajes de advertencia contra la persecución judicial de organizaciones delictivas.
En los últimos meses, varios funcionarios públicos, jueces y fiscales han recibido amenazas directas por su participación en investigaciones de alto perfil. Sin embargo, este es uno de los pocos casos donde las intimidaciones se materializan en un ataque armado contra una sede judicial.
Mientras avanzan las pericias balísticas y de inteligencia, la Fiscalía reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones y advirtió que “la justicia no se doblegará ante el miedo”.
