Para miles de trabajadores en el sector privado, el mes de abril representa una de las fechas más importantes del calendario laboral. Este beneficio no es una concesión voluntaria, sino un derecho consagrado en el Artículo 97 del Código de Trabajo, el cual establece la participación obligatoria de los trabajadores en las utilidades de la empresa.
Según la normativa vigente, el empleador o empresa debe destinar el 15% de sus utilidades líquidas para sus colaboradores. Este porcentaje se divide en dos partes: el 10% que se reparte entre todos los trabajadores y el 5% restante que se entrega en proporción a las cargas familiares (hijos, cónyuge o conviviente en unión de hecho).
¿Hasta cuándo es el plazo máximo?
La pregunta que todos se hacen tiene una respuesta clara en la ley: las empresas tienen como fecha límite el 15 de abril para realizar el depósito de estos valores. Previo a esto, las organizaciones deben haber realizado el cierre de su ejercicio fiscal y la declaración de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Es importante recordar que este beneficio aplica para todos los trabajadores bajo relación de dependencia que hayan laborado al menos un día durante el ejercicio fiscal anterior. Incluso si ya no formas parte de la empresa, tienes derecho a cobrar la parte proporcional por el tiempo que prestaste tus servicios.
¿Qué hacer si no recibes el pago?
El cumplimiento de este plazo es estrictamente vigilado por el Ministerio del Trabajo. En caso de que una empresa no realice el pago hasta el 15 de abril, o lo haga de forma incompleta, se expone a sanciones económicas considerables. Los trabajadores que detecten irregularidades pueden presentar sus denuncias a través de los canales oficiales del ministerio para garantizar que su derecho sea respetado.
