La iniciativa establece su aplicación en el sistema educativo nacional, la educación superior y la educación intercultural bilingüe. Sin embargo, la bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra del proyecto.
Herramientas para la ciudadanía
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, destacó la importancia de esta ley para fortalecer las capacidades de los ciudadanos.
«Buscamos dar herramientas, especialmente a los jóvenes, para que aprendan a manejar su dinero, evitar estafas y usar créditos de manera responsable», señaló.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar, afirmó que la normativa representa “una herramienta fundamental para el país”.
Educación financiera desde la infancia
La ley establece, por primera vez, la incorporación progresiva y transversal de la educación financiera desde la educación inicial hasta la superior.
Además, incluye programas dirigidos a jóvenes, adultos y personas con escolaridad inconclusa, así como procesos de formación no formal.
Entre los principales contenidos se encuentran:
- Uso responsable del dinero
- Prevención de fraudes electrónicos
- Seguridad en plataformas digitales
- Protección de datos personales
- Evaluación de riesgos financieros
Inclusión y enfoque integral
La normativa promueve una cultura financiera basada en principios de calidad, eficiencia e interculturalidad. Asimismo, incorpora enfoques de género, ciclo de vida y pertinencia territorial.
También se dispone la implementación de programas dirigidos a sectores prioritarios como zonas rurales, emprendedores, migrantes y beneficiarios de programas sociales.
Implementación y alcance
El proyecto asigna a la Autoridad Educativa Nacional y a los organismos financieros la responsabilidad de diseñar una estrategia nacional de educación financiera.
Además, se establece la capacitación continua de docentes y la participación de entidades públicas y privadas en el desarrollo de contenidos.
La ley también introduce reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Próximos pasos
Para su aplicación, se prevé la emisión de un reglamento en un plazo de 90 días. Posteriormente, la política pública será evaluada cada tres años para medir su impacto.
