En una audiencia telemática que se extendió por más de dos horas y media este lunes 6 de julio de 2026, el sistema judicial ecuatoriano dio un giro radical en el denominado «Caso Goleada». El juez anticorrupción Jairo García resolvió revocar las medidas alternativas que pesaban sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dictando en su lugar la prisión preventiva para él y sus hermanos, Antonio y Xavier Alvarez Henriques.
Los alcances de la decisión judicial
La medida cautelar de prisión preventiva también alcanza a otros procesados en esta causa, identificados como César Bravo y Fernando Peñaherrera. El proceso, que ha mantenido a la opinión pública en vilo, investiga delitos de delincuencia organizada y operaciones de lavado de activos presuntamente vinculadas a una red de desvío de combustibles.
Más allá de la privación de libertad, el juez García dictó medidas adicionales que han generado conmoción:
- Incautación de bienes: Se ratificó la orden de incautación de la vivienda donde residía el burgomaestre junto a su núcleo familiar.
- Plazo de desalojo: El magistrado concedió un plazo de 15 días para que Fiorella Ycaza, esposa del alcalde, y sus tres hijos abandonen el inmueble ubicado en la exclusiva urbanización de la Isla Mocolí, en Samborondón.
Contexto del Caso Goleada
Esta resolución endurece las condiciones del proceso penal que vincula a la familia Alvarez con actividades ilícitas de gran escala. La defensa del alcalde aún no se ha pronunciado sobre los próximos pasos legales, mientras la ciudadanía permanece expectante ante las repercusiones políticas y administrativas que esta orden de prisión generará en el Municipio de Guayaquil.
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