La vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Nicole Bonifaz López, ha expresado su preocupación por la conformación de una veeduría ciudadana ordenada por un juez de Montecristi sin previo aviso a los miembros del máximo órgano de gobierno de la institución, incluyendo al presidente Alembert Vera.
También se señala que los consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni se han distanciado de cualquier actuación o criterio relacionado con otras instituciones.
Bonifaz destaca la falta de asesoramiento jurídico previo y unilateralidad en la convocatoria para establecer la veeduría ciudadana, así como la falta de comunicación oportuna sobre sentencias que afectan a la institución. Además, critica que no se haya atendido su solicitud previa para que la coordinación de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana emita un informe explicativo sobre las implicaciones legales y recomendaciones para cumplir con la sentencia en cuestión.
En resumen, la vicepresidenta del CPCCS expresa su preocupación por la falta de transparencia y consulta en decisiones importantes relacionadas con la institución, así como la ausencia de asesoramiento jurídico adecuado para comprender y abordar cuestiones legales que pueden afectar su funcionamiento y su responsabilidad de cumplir con la misión constitucional.
