En una conferencia de prensa realizada hoy, el presidente interino del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, abordó la complicada situación que enfrenta la Corte Provincial del Guayas en relación con el caso Purga.
Román afirmó que los siete jueces involucrados en el escándalo no pueden ser excluidos de sus funciones hasta que enfrenten un juicio. Explicó que la ausencia de disposiciones claras en el Código Orgánico de la Función Legislativa complica la aplicación de sanciones preliminares, y enfatizó la necesidad de evaluar la situación legal de los implicados antes de considerar posibles sumarios administrativos.
Los jueces implicados, incluida la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, María Fabiola Gallardo, se encuentran actualmente bajo prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. Román destacó que la inhabilitación de los jueces solo puede ser considerada después de que sean llamados a juicio.
La situación de la Corte Provincial del Guayas ha generado un debate sobre los procedimientos disciplinarios en el sistema judicial, destacando la importancia de revisar y fortalecer los mecanismos para abordar casos de esta naturaleza. El presidente interino del Consejo de la Judicatura reafirmó el compromiso de su institución con la transparencia y la justicia, subrayando la necesidad de salvaguardar la integridad del sistema judicial en el país.
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