El borrador del informe de la comisión investigadora sobre el asesinato de Fernando Villavicencio recoge detalles de sus investigaciones como periodista y asambleísta, las cuales le generaron numerosos enemigos. También se incluye información de algunas autoridades estatales que sugieren negligencia en su protección.
La comisión tenía previsto aprobar el documento de 99 páginas la tarde del jueves 13 de junio, después de más de seis meses de trabajo y al cierre del plazo otorgado por la Asamblea Nacional.
En el informe preliminar, se denuncia que Villavicencio fue víctima de un «crimen político» debido a las investigaciones que realizaba. Según la Fiscalía, estas sumaban 17 y abarcaban sectores como el petrolero, minero y el narcotráfico, generando incomodidad en varios frentes.
El informe preliminar señala que la lista de enemigos y adversarios puso la vida de Villavicencio en un riesgo extremadamente alto. La Policía Nacional, antes de asignarle protección estatal, le había dado un 93% de riesgo, protección que resultó inútil frente al ataque del 9 de agosto. Villavicencio fue un objetivo de la delincuencia política, no de la delincuencia común. Su asesinato debe ser investigado y recordado como un crimen político en el contexto de la lucha de la sociedad ecuatoriana contra las mafias y organizaciones criminales.
El borrador del informe concluye que varios funcionarios públicos, políticos y periodistas coordinaron ataques y la búsqueda de información personal y de la ubicación de Villavicencio. Estos datos se obtuvieron de comparecencias y expedientes de la Fiscalía en el caso Metástasis.
Por ejemplo, funcionarios del ECU911 proporcionaron información en tiempo real sobre la ubicación de Villavicencio, utilizando prerrogativas del sistema de emergencias, según lo estipulado en el Decreto n.º 988.
El informe también señala que el empresario Xavier J. informó al fallecido narcotraficante Leandro Norero sobre las gestiones del exlegislador Ronny Aleaga para desprestigiar a Villavicencio y apartarlo de sus funciones mediante una sanción en la Asamblea Nacional.
Además, el periodista Andersson Boscan supuestamente acordó con Norero ocultarle información a Villavicencio en su investigación en la Comisión de Fiscalización.
Los abogados de Norero, especialmente Hélive A., habrían enviado datos sobre la residencia y la identidad de la familia de Villavicencio.
En cuanto a su seguridad durante el ataque, se indica que el nivel de protección proporcionado no era adecuado para el alto riesgo que enfrentaba, tanto en términos de cantidad como de preparación de los agentes asignados.
