La audiencia de juicio del caso Triple A fue declarada fallida este miércoles 24 de diciembre, luego de que dos abogados defensores de tres procesados no comparecieran a la diligencia por razones médicas debidamente certificadas, informó el tribunal.
El proceso judicial involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a 21 personas naturales y jurídicas, investigadas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de petróleo.
El tribunal anticorrupción, integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Gabriela Lara y Consuelo Tapia, resolvió reprogramar la audiencia de juicio para los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026, a partir de las 08:30, en el auditorio del Complejo Judicial Norte, en Quito.
La diligencia estaba prevista para las 14:30 de este 24 de diciembre en la sala 208 del mismo complejo. Tras constatar la ausencia de dos defensores, los magistrados se retiraron a deliberar y, cerca de las 17:29, el juez ponente declaró fallida la audiencia, concediendo además un plazo de 72 horas para la legalización de los certificados médicos presentados.
Los documentos corresponden a los abogados José Navarrete, defensor de dos procesadas, y Erick Mayorga, defensor de un representante legal de una empresa investigada. Ambos certificados fueron emitidos por el Ministerio de Salud Pública y prescriben reposo médico por afecciones de salud.
La decisión judicial se adoptó con base en el derecho a la defensa, la obligatoriedad de la presencia de los abogados y el principio de celeridad procesal. Durante la diligencia, se solicitó también la verificación de la validez de los certificados médicos presentados.
En el marco del caso Triple A, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la comercialización de combustible, especialmente diésel, a través de seis personas jurídicas vinculadas a distribuidoras. Según las pericias del proceso, el supuesto perjuicio económico ascendería a USD 61,5 millones, correspondientes a más de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.
El proceso continuará en las fechas fijadas por el tribunal, una vez cumplidos los requisitos formales dispuestos por los jueces.
