El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna, el cual regirá durante 60 días en nueve provincias y tres cantones del país, como respuesta al aumento sostenido de la violencia y de los homicidios intencionales.
La medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo n.º 277, se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi) y Las Naves y Echeandía (Bolívar).
De acuerdo con el decreto, el Ejecutivo sustenta la decisión en informes reservados elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, los cuales advierten que las estructuras de criminalidad organizada mantienen una dinámica activa y articulada en distintos corredores del país, pese a las medidas adoptadas previamente.
En las zonas incluidas en la declaratoria, se suspenden temporalmente los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de la correspondencia, con el objetivo de facilitar operativos de control y seguridad. No se establece toque de queda dentro del alcance del decreto.
El documento también dispone la derogatoria del Decreto Ejecutivo n.º 202, emitido el 4 de noviembre de 2025, que mantenía un estado de excepción vigente en un número menor de territorios.
La ejecución de la medida estará a cargo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con otras entidades del Estado, para reforzar las acciones de control y respuesta frente a la violencia.
Ecuador cierra el 2025 e inicia el 2026 bajo un régimen de excepción focalizado, en un contexto marcado por cifras históricas de homicidios y un escenario de seguridad que el Gobierno considera de atención prioritaria.
