El Gobierno de Daniel Noboa puso en marcha este lunes 15 de septiembre lo que calificó como el programa social “más ambicioso de la historia del Ecuador”. Según Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, se destinarán USD 1 100 millones en bonos, créditos e incentivos para sectores agrícolas, pesqueros y de transporte.
El anuncio, sin embargo, llega en medio de un ambiente de tensión política y social, con gremios de transportistas inconformes tras la eliminación del subsidio al diésel.
Bonos, tractores y créditos millonarios
El bono Raíces, de USD 1 000 para 100 000 agricultores, ya empezó a entregarse. Además, el plan incluye el crédito 7×7 con tasas del 7 % y plazos de siete años, con montos que van desde USD 500 hasta USD 30 000 para capital de trabajo y compra de maquinaria.
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El Ejecutivo también prometió 1 200 tractores de alta capacidad hasta 2026 y motores fuera de borda para comunidades pesqueras de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro.
El transporte en la mira
El sector más polémico del anuncio fue el de los transportistas. Según Jaramillo, el Gobierno invertirá USD 150 millones en chatarrización, beneficiando a 1 528 unidades de transporte. Más de 23 000 transportistas recibirán compensaciones de entre USD 450 y 1 000, con la promesa de que no habrá alza de pasajes ni recortes al subsidio del gas doméstico.
Asimismo, se destinarán USD 30 millones adicionales a sectores de carga, escolar, turístico e institucional, y se construirán 12 zonas de descanso en la E35 con un costo de USD 8 millones.
“No hay negociaciones, solo conversaciones”
Frente a las amenazas de movilizaciones, Jaramillo fue tajante: “Las decisiones las toma el Gobierno, no los gremios”. Aseguró que las protestas anunciadas se han “desactivado” y que hay 1 178 agentes desplegados para evitar especulación y abusos en los precios del transporte.
«Nosotros hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo; sin embargo, no hay espacio para la extorsión, negociación, entendida como una serie de presiones donde el gobierno tendría que terminar cediendo, la decisión está tomada»
El discurso oficial intenta calmar la tensión, pero la polémica persiste: ¿podrá este plan millonario contener la inconformidad social y garantizar estabilidad, o terminará siendo otra promesa que encienda más protestas en las calles?
