Gobierno impone multa de USD 900,000 a la empresa Progen por incumplir contrato de provisión de generadores

El Ministerio de Energía y Minas informó que la empresa Progen fue notificada por incumplir los plazos de entrega e instalación de las unidades de generación.

El Gobierno Nacional sancionó a la empresa Progen Industries LLC con una multa de 900,000 dólares por incumplir el contrato para proveer generadores. Según un comunicado del Ministerio de Energía y Minas, la empresa fue notificada por no cumplir con los plazos de entrega e instalación de las unidades de generación.

Además, los funcionarios relacionados con el contrato fueron destituidos y serán investigados. Los proyectos Salitral en el Golfo de Guayaquil y Quevedo en Los Ríos, que buscan incorporar 150 megavatios termoeléctricos, han enfrentado cuestionamientos por las garantías presentadas y retrasos en su ejecución. Estas obras, que debieron estar operativas en noviembre, han tenido tres cambios de administradores.

Ambos contratos fueron firmados el 2 de agosto por Byron Orozco, gerente de Termopichincha, en representación de Celec, y Andrew Williamson de Progen. Las negociaciones fueron lideradas por el entonces ministro de Energía, Antonio Goncalves, y en mayo, Roberto Luque y Fabián Calero visitaron las instalaciones de Progen en EE. UU. para verificar la viabilidad de los proyectos.

A pesar de los esfuerzos, los plazos no se cumplieron. El proyecto Salitral debía operar el 30 de noviembre, y el Estado ya ha desembolsado el 70%, equivalente a 69 millones de dólares. Por su parte, el proyecto Quevedo no ha recibido desembolso, ya que Celec exige verificar los 20 generadores en EE. UU. antes de enviarlos a Ecuador.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) ha cuestionado las garantías de Progen, sugiriendo posibles inconsistencias, aunque la empresa asegura que los generadores son nuevos y tienen una garantía de 40 años. Mientras tanto,

Progen ha avanzado en la construcción de las bases de concreto en Salitral, pero los pagos están detenidos hasta que se resuelvan las dudas sobre las garantías. El contrato establece siete causales para la terminación unilateral por parte del Gobierno, incluyendo el incumplimiento del contratista o suspensión de trabajos por más de 20 días, siempre que se verifiquen estas causales.

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