La tensión en Imbabura alcanzó niveles críticos tras el paro nacional. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que los militares retenidos por manifestantes sufrieron maltratos físicos y actualmente se encuentran bajo evaluación médica en el Hospital Militar de Quito.
La retención de los uniformados
La madrugada del lunes, un convoy de las Fuerzas Armadas fue interceptado por comuneros en Cotacachi, cuando se dirigía a la zona en medio de las protestas contra el alza del diésel a USD 2,80, tras la eliminación del subsidio. Según reportes oficiales, 17 uniformados fueron retenidos en un hotel; cuatro de ellos fueron liberados el martes en la tarde y los 13 restantes en horas de la noche.
Justicia indígena y sanciones
La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) aplicó una resolución de justicia indígena la noche del martes 30 de septiembre, ordenando la liberación de los militares tras la muerte de Efraín Fueres, manifestante fallecido en las protestas del 27 de septiembre.
La decisión incluyó una sentencia simbólica: los uniformados no podrán ingresar a los territorios indígenas durante diez años. Además, se exigió que las Fuerzas Armadas asuman la responsabilidad económica por la manutención de los familiares de Fueres.
Estado de salud de los militares
Aunque un informe de la Cruz Roja aseguró que los uniformados fueron entregados en “buenas condiciones”, el ministro Loffredo reveló que presentan golpes en brazos, piernas, cabeza, fracturas nasales y pérdida de audición.
“Fueron secuestrados y maltratados. Ahora están bajo atención médica para determinar la gravedad de las lesiones”, enfatizó Loffredo en una entrevista radial.
Escalada del conflicto
Este episodio refleja la profunda conflictividad social que atraviesa el país por el alza de los combustibles. La retención de militares, sumada a las exigencias de los sectores movilizados, marca un punto de máxima tensión en la relación entre el Estado, las organizaciones indígenas y las comunidades rurales.
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