El asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil, quien se encontraba a cargo de investigaciones sensibles vinculadas a corrupción y terrorismo, ha desencadenado una revisión exhaustiva de las estrategias de control en las cárceles de la ciudad. Si bien la intervención de la Fuerza Pública en estos establecimientos logró una reducción temporal de la violencia, el reciente crimen destaca la vulnerabilidad persistente y la necesidad de mantener un control más riguroso en estas instituciones penitenciarias.
Hasta la fecha, las autoridades han observado un repliegue táctico del crimen organizado, atribuido en parte a la intervención militar en las cárceles como resultado de la declaratoria de conflicto armado interno y la designación de 22 bandas como grupos terroristas. Sin embargo, el asesinato del fiscal Suárez subraya la importancia de mantener una vigilancia constante y efectiva en estos centros carcelarios.
En un esfuerzo por fortalecer las medidas de seguridad, se está considerando una nueva estrategia que implica la redistribución de detenidos de acuerdo con su nivel de peligrosidad. Esta aproximación, en contraste con la clasificación basada en afiliaciones a grupos criminales, busca abordar de manera más precisa los riesgos asociados con cada recluso y optimizar la administración de las cárceles.
Un aspecto crítico que se está abordando es la gestión de las grandes economías ilícitas dentro de las cárceles, donde se generan considerables sumas de dinero a través del tráfico interno de drogas y la extorsión entre los reclusos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, han señalado la necesidad de implementar medidas efectivas para controlar estas actividades ilícitas, especialmente en lo que respecta al rastreo y control de los fondos derivados de extorsiones a privados de libertad.
Además, se ha identificado una falta de capacidad gubernamental para supervisar las cuentas utilizadas para recibir los ingresos provenientes de estas actividades ilegales, agravando la complejidad del problema. La incapacidad para implementar medidas de aislamiento de las comunicaciones también ha sido señalada como una deficiencia que facilita la gestión de actividades delictivas dentro de las cárceles.
En conclusión, la seguridad y la gestión efectiva de las cárceles en Guayaquil se presentan como retos cruciales en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. La revisión de estrategias y la adopción de medidas más específicas y focalizadas son imperativos para garantizar la integridad del sistema penitenciario y prevenir eventos trágicos como el asesinato del fiscal Suárez.
