Entre los 86 cambios propuestos, se destacan medidas que buscan endurecer las penas para delitos graves como sicariato, secuestro, extorsión, tráfico ilícito de sustancias, lavado de activos, tenencia de armas, entre otros. Se busca también abordar delitos relacionados con la explotación sexual de menores y el terrorismo.
Además, se contempla una disposición que prohíbe que los extranjeros condenados en Ecuador, con penas de al menos 5 años de prisión, puedan regresar al país en un plazo mínimo de 20 años. Esta medida, emitida por el presidente Daniel Noboa el 29 de enero, será ejecutada por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) con el objetivo de aliviar el hacinamiento en las cárceles ecuatorianas mediante la repatriación de internos extranjeros con sentencias en el país.
