El debate sobre los «ecuadólares» propuestos por el correísmo ha escalado a instancias penales. Este 20 de marzo de 2025, la asambleísta oficialista Nataly Morillo presentó una denuncia contra Paola Cabezas, legisladora de la Revolución Ciudadana (RC), por presunto «pánico económico», delito sancionado con hasta siete años de prisión según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
¿Qué originó la denuncia?
📺 El 16 de marzo, en una entrevista con Ecuavisa, Cabezas afirmó que Ecuador necesita una «dolarización a la ecuatoriana», con mecanismos para generar nuevos dólares e impulsar la inversión extranjera.
🔴 Para el oficialismo, estas declaraciones insinúan la creación de una moneda digital, como la que en su momento propuso Andrés Arauz, excandidato presidencial de la RC, bajo el nombre de «Ecuadólares».
💬 «Estas declaraciones generan pánico en la sociedad, incertidumbre en las familias ecuatorianas», argumentó Morillo, justificando la denuncia.
#AHORA: La asambleísta de ADN, Nataly Morillo (@natalymorillos), presentó una denuncia en contra de la legisladora del correísmo @PaolaCabezasC, por el presunto delito de pánico económico.
— Catomedia (@catomedia_ucsg) March 20, 2025
La legisladora argumenta que la correísta cometió este delito en sus declaraciones en… pic.twitter.com/dYjL3PMWzV
¿Qué es el delito de «pánico económico»?
📌 Según el COIP, este delito se configura cuando se difunden rumores falsos o información que desestabiliza la economía nacional, afectando la confianza en el sistema financiero.
💰 El Gobierno de Noboa ha insistido en que la dolarización está garantizada, mientras que la oposición denuncia que se busca distraer la atención de la crisis económica con esta acusación.
Tensión política a días del inicio de la campaña
🔹 La denuncia de Morillo aviva el clima electoral, en un contexto donde el oficialismo y la Revolución Ciudadana se enfrentan por el control de la Asamblea.
🔹 Correísmo defiende la propuesta de «Ecuadólares» como una medida para fortalecer la economía sin afectar la dolarización.
🔹 El Gobierno acusa a la RC de promover incertidumbre, lo que podría impactar en los mercados y el sistema financiero.
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