La justicia colombiana dio un paso contundente. La juez 44 de conocimiento de Bogotá dictó una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imponiéndole 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El castigo se cumplirá en detención domiciliaria, según lo dispuesto en la resolución emitida el 1 de agosto de 2025.
El fallo, contenido en un documento de 1.114 páginas, es considerado un hito por tratarse del primer juicio que culmina con una condena contra un exmandatario colombiano de ese nivel. La juez Sandra Liliana Heredia afirmó que las pruebas desvirtúan la presunción de inocencia de Uribe y justifican el confinamiento.
La sentencia también contempla una multa equivalente a 2.425 décimos del salario mínimo y una inhabilitación política por más de 8 años. Aunque fue absuelto de cargos menores vinculados al caso Hilda Niño y a otro proceso conocido como «Pacho Cundinamarca», sí fue hallado culpable como determinador penal del resto de los delitos.
El proceso judicial, cargado de tensión política y mediática, no termina aquí. La defensa del expresidente anunció que presentará apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Si el recurso prospera, la ejecución de la sentencia podría quedar suspendida temporalmente, conforme al Código Penal colombiano.
Mientras tanto, las autoridades judiciales de Rionegro, Antioquia, ya iniciaron el procedimiento para trasladar a Uribe a su domicilio bajo vigilancia judicial, a la espera de una decisión definitiva. El exmandatario declaró en redes: «Me enfocaré en la solución. Es un momento personal difícil, pero ya estoy trabajando en mi defensa.»
La sentencia responde, según la juez Heredia, al deber del Estado de garantizar que los condenados no permanezcan en libertad cuando ya han sido vencidos en juicio. «Se trata de proteger la paz pública y evitar que la justicia pierda legitimidad ante los ciudadanos», señala uno de los apartados clave del dictamen.
