La muerte de Alex Pretti, ocurrida el pasado 24 de enero, ha desatado una tormenta política y social en Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la suspensión administrativa de los funcionarios implicados, mientras la opinión pública cuestiona la veracidad de las versiones oficiales. Según los reportes entregados al Congreso, el deceso se produjo tras un forcejeo durante un intento de arresto; no obstante, el informe admite que Pretti no portaba un arma, contradiciendo las declaraciones previas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien intentó justificar la acción bajo esa premisa.
Este suceso ha escalado a niveles federales, provocando que el expresidente Donald Trump solicitara una investigación transparente, pese a que su administración defiende una política de redadas migratorias intensivas. La desconfianza hacia los mecanismos de control interno del ICE ha llevado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, a ordenar una investigación estatal independiente para garantizar la rendición de cuentas. El caso de Pretti se suma al de Renee Good, abatida apenas semanas antes, lo que refuerza las denuncias de organizaciones civiles sobre un posible patrón de violencia sistémica y un uso desproporcionado de la fuerza letal en los operativos de control fronterizo y migratorio.
