La administración Trump redobló su ofensiva contra Harvard, al enviar hoy una carta a agencias federales exigiendo que identifiquen todos los contratos con la universidad y evalúen si pueden ser cancelados o redirigidos. El monto en juego ascendería a 100 millones de dólares, lo que marcaría una ruptura histórica entre el Gobierno y la institución más antigua del país.
La Casa Blanca acusa a Harvard de permitir el antisemitismo, promover ideologías liberales y bloquear el control gubernamental sobre sus decisiones académicas, incluyendo la inscripción de estudiantes y la contratación de profesores.
En paralelo, se han congelado subvenciones millonarias y la universidad ha perdido su autorización para matricular estudiantes internacionales, lo que pone en riesgo el futuro de miles de jóvenes y una parte clave de sus ingresos. Harvard califica estas decisiones como inconstitucionales y advierte que paralizarían su funcionamiento.
El presidente Trump, lejos de dar marcha atrás, escribió en redes sociales que algunos estudiantes extranjeros eran «lunáticos radicalizados» y amenazó con más bloqueos si no recibe información sobre actividades ilegales dentro del campus.
