El Gobierno de Estados Unidos quedó oficialmente paralizado tras el fracaso del Congreso en aprobar un plan de financiamiento. La falta de acuerdos entre demócratas y republicanos sobre los subsidios de Obamacare desencadenó el primer cierre federal desde 2019, dejando a millones de ciudadanos en vilo sobre lo que pasará en los próximos días.
Mientras los líderes de ambos partidos se acusan mutuamente, el Senado continúa empantanado. Los republicanos exigen extender el presupuesto actual por siete semanas, pero los demócratas se niegan a ceder sin garantías para proteger los subsidios de salud que benefician a más de 24 millones de personas.
El impacto ya se siente: cerca de 750.000 empleados federales serán suspendidos sin sueldo, lo que representa un costo de 400 millones de dólares diarios para el país. Aunque los servicios esenciales como el control aéreo, Medicare y Seguridad Social seguirán operativos, sectores como el turismo, los parques nacionales y algunos programas de veteranos sufrirán recortes inmediatos.
La presión aumenta en ambos bandos. Mientras Donald Trump y su oficina de presupuesto advierten que el cierre podría usarse para “reducir permanentemente el tamaño del Gobierno”, los demócratas aseguran que la verdadera batalla está en defender la atención médica de millones de familias de clase media y trabajadora.
Con cada día que pase, la incertidumbre crecerá no solo en Washington, sino en todos los hogares estadounidenses que dependen de programas federales para sobrevivir.
