🔴 Última hora: Fiscalía allana propiedad relacionada con Luisa González. Caso Caja Chica sacude a la política.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó este miércoles 28 de enero de 2026 una serie de allanamientos en varias viviendas en el marco del denominado Caso Caja Chica, una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos vinculada al financiamiento de la campaña presidencial de 2023.

Durante la madrugada de este miércoles 28 de enero, la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Nacional, llevó a cabo operativos simultáneos en al menos cuatro inmuebles como parte del proceso investigativo denominado Caso Caja Chica.

Entre las propiedades intervenidas constan viviendas vinculadas a la excandidata presidencial Luisa González, al excandidato Andrés Arauz y a otros actores políticos relacionados con el movimiento Revolución Ciudadana. Las diligencias se realizaron con el objetivo de recopilar indicios que permitan esclarecer un presunto esquema de financiamiento irregular durante las elecciones generales de 2023.

Según la información oficial, la investigación se enfoca en la posible existencia de una estructura organizada que habría manejado recursos económicos de origen no justificado, presuntamente provenientes del extranjero, para actividades políticas y electorales. Hasta el momento, no se han detallado montos específicos ni se han presentado pruebas públicas concluyentes.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos que serán sometidos a análisis pericial como parte de la fase investigativa. No se registraron detenciones ni formulación de cargos tras los operativos.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones de hasta 30 años de prisión para los autores de delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, y penas menores para quienes actúen como colaboradores, en caso de que se lleguen a establecer responsabilidades penales.

Este proceso se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política, marcado por cuestionamientos sobre el financiamiento de campañas electorales y el cumplimiento de las normas vigentes. Desde los sectores investigados se han expresado reparos sobre las acciones judiciales, mientras que la Fiscalía sostiene que las diligencias responden a procedimientos legales en etapa previa.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y que nuevas diligencias podrían ejecutarse conforme avance el análisis del material recabado.

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