La eliminación del subsidio al diésel empezó a sentirse en las calles del Ecuador. Este lunes 15 de septiembre, varias carreteras estratégicas amanecieron bloqueadas en Pichincha, Santo Domingo, Carchi y Azuay, generando un fuerte impacto en la movilidad y dejando atrapados a cientos de vehículos.
En la Panamericana Sur, a la altura de San Carlos, cantón Mejía, largas filas de carros permanecieron varados por el cierre de la vía. En Alóag, camiones atravesados impidieron el paso y hasta funcionarios estatales quedaron retenidos en el tráfico mientras intentaban llegar de Quito a Latacunga, ciudad que hoy funge como sede temporal del Ejecutivo.
En el Carchi, las vías Tulcán–Huaca, San Gabriel–La Paz, Bolívar–Piquiucho y la Panamericana Norte también reportaron cierres, afectando a transportistas y ciudadanos que buscaban llegar a la frontera.
La crisis se extendió al Azuay, donde la autopista Cuenca–Azogues quedó bloqueada en ambos sentidos a la altura de Guangarcucho. En contraste, ciudades como Quito, Guayaquil, Loja, Manta y Portoviejo mantuvieron relativa calma, sin incidentes en sus calles.
El origen de la protesta
El subsidio al diésel fue eliminado el pasado 13 de septiembre, elevando el precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80. Según el Gobierno de Daniel Noboa, esta decisión permitirá un ahorro anual de USD 1 100 millones y forma parte de su plan para reordenar la economía nacional.
La medida no es nueva en la política ecuatoriana: tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso intentaron retirarla en el pasado, pero dieron marcha atrás tras masivas protestas lideradas por el movimiento indígena.
Compensaciones y alivios temporales
Para mitigar el golpe al sector transporte, el Ejecutivo ofreció bonificaciones mensuales de entre USD 400 y 1 000, dependiendo del tipo de unidad, durante ocho meses. La inversión inicial será de USD 68,7 millones en lo que resta del año, con la posibilidad de extender el programa hasta 2026.
Pese a estas medidas, las protestas de este lunes evidencian la resistencia social y política que enfrenta Noboa por una de las decisiones económicas más polémicas de su mandato.
