Una red familiar vinculada al exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diego Iván J. T., fue condenada por lavado de activos, tras una investigación que reveló movimientos ilegales por más de USD 6,1 millones en el sistema financiero ecuatoriano. La sentencia fue emitida este lunes 14 de julio de 2025, como parte del denominado caso Eclipse.
¿Cómo operaba la red?
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, entre 2016 y 2024, el grupo creó un entramado con personas naturales y jurídicas que permitió simular actividades legales para ingresar dinero de origen ilícito en el sistema bancario.
Entre las maniobras utilizadas destacaron:
- Depósitos fraccionados
- Uso de cuentas espejo
- Transferencias sospechosas
- Cobros de cheques masivos
- Uso de criptoactivos sin control
La red usó empresas como MEGAGIROS Cía. Ltda. y CAMBIOSCORP S. A., esta última sin actividad comercial real. Las operaciones se extendieron por Quito, Guayaquil y ciudades fronterizas como Tulcán.
Los sentenciados
El Tribunal dictó 10 años de prisión para los tres principales implicados:
- Edgar Francisco J. T., autor directo, por el lavado de USD 1,1 millones
- Ángel Osvaldo J. T., autor directo, por el lavado de más de USD 2 millones
- Diego Iván J. T., exfuncionario de la UAFE, autor directo, por lavar USD 259 mil
También se sentenció a la empresa MEGAGIROS Cía. Ltda. como persona jurídica responsable, por movilizar casi USD 2 millones sin respaldo económico real.
Uso indebido de información oficial
La Fiscalía expuso que Diego Iván J. T., mientras aún ejercía funciones dentro de la UAFE, accedió a información confidencial, manipuló alertas internas y asesoró al grupo familiar para ocultar los rastros del lavado. También habría facilitado la destrucción de evidencia clave.
¿Quiénes fueron absueltos?
El Tribunal declaró la inocencia de:
- Roberto Z., contador
- Marcial J., colaborador financiero
- Fabiola T., señalada por emitir facturas falsas
La Fiscalía anunció que apelará la decisión, al considerar que existían pruebas suficientes para establecer la complicidad de los tres en el esquema de ocultamiento de capitales.
Fiscalía pidió penas agravadas
Durante el juicio, el Ministerio Público solicitó:
- 13 años de prisión para los autores directos
- 8 años de cárcel para los cómplices
- Multas equivalentes al triple del dinero lavado
- Comiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos
Según el dictamen, la estructura violó el sistema financiero ecuatoriano, debilitando la transparencia institucional y poniendo en riesgo el manejo de remesas internacionales.
