Un nuevo giro sacude a los altos mandos policiales del país. La mañana de este jueves 18 de diciembre de 2025, las autoridades ejecutaron una orden de detención contra la excomandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela, durante un operativo desarrollado en el norte de Quito. En el procedimiento se incautaron su teléfono celular y su computadora personal, considerados elementos clave dentro de la investigación.
La acción forma parte de una indagación previa iniciada en 2023, relacionada con la presunta filtración de información de circulación restringida proveniente de altos niveles de la institución policial. El principal eje del proceso apunta a la divulgación de un informe reservado, elaborado en 2021, dentro del denominado caso León de Troya, una investigación por supuesto narcotráfico que se mantenía bajo orden judicial de confidencialidad.
De acuerdo con el Ministerio Público, la filtración de ese documento habría ocurrido en dos momentos distintos, en los años 2021 y 2023, lo que motivó una serie de cinco allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha y Manabí.
Como parte del mismo caso, en Manabí fue detenido el coronel de Policía José Luis Erazo, entonces a cargo del distrito policial de Manta. En su vivienda, los agentes levantaron varios indicios, entre ellos dispositivos electrónicos. A este grupo se suma Rodney Rengel, excapitán de la Policía, quien fue aprehendido en el aeropuerto de Quito.
Rengel estuvo vinculado directamente a las investigaciones del caso León de Troya y en videos difundidos en redes sociales aseguró que su vida y la de su familia estaban en riesgo. En septiembre de 2023, incluso, publicó un mensaje desde la clandestinidad, en el que lanzó acusaciones públicas contra el expresidente Guillermo Lasso y la exfiscal general Diana Salazar.
Según esas declaraciones, las indagaciones del caso León de Troya habrían revelado presuntos vínculos entre la mafia albanesa y figuras cercanas al poder, entre ellas Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del exmandatario. La Fiscalía continúa recabando información para determinar responsabilidades penales en una causa que sigue escalando y generando repercusiones políticas y judiciales.
