El extenso proceso arbitral entre Chevron y el Estado ecuatoriano llegó a su cierre este 8 de diciembre de 2025, tras más de una década de disputas legales internacionales. El Tribunal Arbitral fijó una indemnización de USD 220 millones a favor de la petrolera estadounidense, una cifra muy por debajo de los USD 3.350 millones que la compañía exigía inicialmente. La Procuraduría General del Estado confirmó el resultado e indicó que la defensa ecuatoriana logró reducir en un 93,4 % el valor pretendido por las demandantes.
Según el comunicado oficial, el tribunal reconoció la validez de la mayoría de los argumentos presentados por Ecuador, estableciendo un pago que incluye USD 180,4 millones en capital y USD 40,4 millones en intereses. La Procuraduría destacó que el país evitó un perjuicio millonario y anunció que continuará representando a Ecuador en la fase final del proceso, enfocada en la determinación de costas arbitrales, mientras analiza técnicamente la conveniencia de acciones posteriores.
Este arbitraje, conocido como “Chevron III”, corresponde al Caso CPA 2009-23, y se centró en la cuantificación de daños dentro del Track III, etapa que se activó luego de que, en 2018, el propio tribunal internacional declarara la responsabilidad del Estado ecuatoriano por violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos. Desde entonces, la Procuraduría, junto con la firma jurídica internacional Foley Hoag LLP, trabajó para demostrar que los montos reclamados por la petrolera eran desproporcionados o improcedentes.
Un conflicto con raíces en décadas de historia petrolera
El caso Chevron tiene su origen en la operación de Texaco Petroleum en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990, en consorcio con Petroecuador. Durante ese periodo, miles de toneladas de residuos tóxicos fueron vertidos en áreas de la región, afectando a comunidades locales. En 1993, representantes de más de 30.000 habitantes iniciaron la primera demanda en Estados Unidos contra Texaco por los daños ambientales.
Con la compra de Texaco por parte de Chevron en 2001, la nueva propietaria heredó el conflicto. Un giro relevante ocurrió en 2011, cuando un juez de Lago Agrio condenó a la petrolera a pagar USD 9.500 millones, monto que podía duplicarse si la empresa no ofrecía disculpas públicas. Chevron sostuvo entonces que ya había cumplido con la remediación ambiental y que fue liberada de responsabilidades por el propio Estado en 1995 y 1998.
El giro en tribunales internacionales
De manera paralela al proceso en Ecuador, Chevron inició un arbitraje internacional en La Haya en 2009, alegando que el Estado violó acuerdos de liberación de responsabilidades. En 2018, la Corte Internacional falló a favor de la compañía, asegurando que la sentencia ecuatoriana se obtuvo mediante fraude, sobornos y corrupción. Esta decisión fue ratificada en 2020, tras el rechazo a la apelación presentada por Ecuador.
El tribunal determinó que la sentencia ecuatoriana era inejecutable bajo el derecho internacional, mientras que las acusaciones ambientales fueron desestimadas al confirmar que una subsidiaria de Texaco había realizado un plan de remediación supervisado y aprobado por el Gobierno ecuatoriano de entonces.
Un cierre parcial de un litigio histórico
Aunque la reciente decisión marca el fin de la etapa principal del arbitraje, todavía falta resolver la fase de costas, lo que mantiene abierto un capítulo más en este extenso litigio internacional. Para Ecuador, el laudo representa un alivio económico frente a una pretensión millonaria; para Chevron, un respaldo más a su postura jurídica en un caso que ha marcado un precedente en materia de inversiones, medioambiente y arbitraje internacional.
