Con 82 votos a favor, la Asamblea Nacional dio luz verde al informe que abre la puerta a una reforma parcial de la Constitución, eliminando la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador. Con ese trámite superado, el país se alista para un nuevo referéndum, donde los ciudadanos tendrán la última palabra.
Pero no se trata solo de una votación más. El Gobierno de Daniel Noboa podría aprovechar el momento político y el gasto electoral para incluir nuevas preguntas en la consulta popular, lo que abriría un escenario de mayor alcance político.
Los plazos del referéndum ya corren. Con el respaldo clave de ADN, Pachakutik, el PSC y otras fuerzas, la propuesta pasó el filtro legislativo. Ahora el texto irá a la Corte Constitucional, que deberá revisar si todo se ajusta a los principios constitucionales. Si recibe el aval, el Consejo Nacional Electoral convocará oficialmente a las urnas.
La propuesta incluye una pregunta clave que modifica el artículo 5 de la Constitución y podría marcar un punto de quiebre en la política de defensa nacional.
Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
Según la Ley de la Función Legislativa, una vez que se aprueba un proyecto de reforma constitucional, debe convocarse a referéndum en un plazo máximo de 45 días.
El constitucionalista José Chalco-Salgado detalla que ese lapso incluye los 20 días que tiene la Corte Constitucional para pronunciarse, contados desde que el juez a cargo asuma el trámite. Cumplido ese paso, el Presidente de la República deberá notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque oficialmente a la consulta. Luego, el CNE tendrá 60 días para organizar el proceso y llevar al país a las urnas.
Esto significa que, si se agotan todos los plazos legales, los ecuatorianos volverían a votar entre septiembre y octubre de 2025, en un escenario que podría redefinir el futuro político y militar del país.
¿El Gobierno aprovechará esta consulta para incluir más preguntas clave?
El referéndum nacional costará unos USD 60 millones, lo que ha abierto el debate sobre si el Gobierno de Daniel Noboa incluirá otras preguntas en la consulta. Aunque en campaña habló de una Asamblea Constituyente y de eliminar el Cpccs, los plazos y trámites hacen difícil que estos temas se incorporen.
Expertos señalan que solo podrían añadirse preguntas de plebiscito o enmienda que no modifiquen la Constitución ni derechos. Aun así, deben tramitarse por separado y llegar a tiempo para que el CNE las unifique en un mismo proceso.
Por ahora, la consulta sobre las bases militares extranjeras es la única segura.
