Carolina Jaramillo, vocera oficial del Gobierno, anunció este jueves 24 de julio que 5.000 servidores públicos serán desvinculados como parte de una estrategia de reestructuración estatal enfocada en mejorar la eficiencia administrativa.
La medida coincide con la publicación de una normativa del Ministerio de Trabajo que autoriza la eliminación de puestos en la función pública, incluso aquellos con nombramiento permanente. Los recortes se concentrarán en áreas del Ejecutivo y sectores administrativos, excluyendo al personal esencial como médicos, policías, militares, docentes y grupos vulnerables.
“No se puede permitir la permanencia de malos funcionarios públicos”, expresó Jaramillo. Aclaró que quienes sean cesados recibirán las indemnizaciones establecidas por ley y recalcó que una plantilla más reducida no implica un servicio menos eficiente.
Como parte del mismo proceso de optimización, el Ejecutivo pasará de tener 20 ministerios a solo 14. Asimismo, las secretarías se reducirán de nueve a tres. Esta reestructuración institucional también generará nuevas desvinculaciones, aunque aún no se ha definido una cifra concreta.
Estas acciones se enmarcan en la aplicación de la Ley de Integridad Pública, que reformó 19 normativas legales. La normativa ha generado rechazo por parte de sindicatos y organizaciones sociales, que ya anunciaron movilizaciones. Mientras tanto, la Corte Constitucional analiza las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la ley, sin fecha definida para emitir un dictamen.
