El Gobierno Nacional ha iniciado una nueva intervención en el sistema de tránsito, esta vez en la ciudad de Manta. La mañana de este jueves 10 de julio, equipos de la Policía Nacional ingresaron a las instalaciones de la Empresa Pública Municipal de Movilidad como parte de un operativo liderado por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general, Pablo Dávila.
Durante la intervención, Reimberg anunció que el Estado asumirá temporalmente la gestión del tránsito en Manta por un período inicial de 30 días. El ministro calificó a la entidad como un “botín criminal” y alertó sobre el intento de nuevos grupos delictivos por ocupar espacios dejados por Los Choneros, organización que ha sufrido un fuerte debilitamiento en los últimos meses.
Aunque la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, había solicitado apoyo al Gobierno el pasado 29 de junio, Reimberg aclaró que la intervención responde a más de dos meses de investigaciones previas. Parte del detonante fue la revelación de que Cristhian Mendoza Vélez, uno de los escoltas capturados junto a alias Fito, trabajó por más de una década en la agencia municipal de tránsito, ocupando cargos clave como supervisor operativo y subdirector de transporte terrestre.
Actualmente, Mendoza cumple prisión preventiva en Guayaquil, acusado de fraude procesal y señalado como posible encubridor del líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar.
El plan de intervención en Movilidad de Manta se ejecutará en tres etapas:
- Diagnóstico y coordinación: evaluación operativa, financiera y logística con participación de entidades de control.
- Intervención integral: suspensión de procesos internos, auditorías y control de instalaciones.
- Reestructuración y transición: fortalecimiento institucional para recuperar el funcionamiento de la entidad.
La decisión del Gobierno se enmarca en una serie de medidas contra la infiltración del crimen organizado en instituciones locales. Una investigación previa de Ecuavisa reveló que, desde 2022, más de una decena de agentes de tránsito han sido asesinados, muchos de ellos vinculados a disputas internas dentro de la empresa.
Uno de los hechos más alarmantes fue el hallazgo de un panfleto criminal que advertía que la entidad no pertenecía a Los Choneros ni a Samara Rivera, viuda del exlíder Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, asesinado en diciembre de 2020. El vínculo de su entorno con la entidad volvió a la luz el 18 de marzo de 2024, cuando su hermano, Geamil Rivera Saltos, también funcionario de tránsito, fue asesinado en Manta.
La intervención en Manta es parte de un esfuerzo más amplio del Ejecutivo por recuperar el control institucional y desarticular redes criminales que operan dentro del sector público.
