Más de 20 agentes policiales y ocho fiscales especializados en crimen organizado irrumpieron en las instalaciones de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, donde se allanó una oficina del área de archivo. En el lugar se incautaron equipos informáticos y teléfonos móviles, considerados piezas clave para establecer la conexión directa entre la funcionaria investigada y la estructura criminal.
De forma paralela, las autoridades ejecutaron seis allanamientos en distintos sectores de Babahoyo, que terminaron con la detención de seis personas presuntamente vinculadas a delitos como sicariato, extorsión, tráfico de armas y drogas.
Una red que operaba desde prisión
Según la Policía Nacional, la organización estaba encabezada por dos hermanos, identificados como alias Cholo y alias Colada, quienes pese a estar recluidos continuaban dirigiendo actividades criminales desde la cárcel.
Inicialmente detenidos en la Cárcel de Turi, en Cuenca, ambos fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro tras confirmarse que seguían ordenando asesinatos y extorsiones. El comandante de la Zona 5, William Calle, señaló que los cabecillas “son responsables de múltiples muertes violentas y del control delictivo en Babahoyo”.
Violencia, extorsiones y control territorial
Las cifras oficiales son contundentes: de los 340 homicidios registrados este año en Babahoyo, al menos el 40 % estaría relacionado con esta estructura criminal. La banda no solo ejecutaba asesinatos por encargo, sino que también mantenía extorsionados a comerciantes, viviendas y funcionarios públicos.
Incluso después de ser capturados en 2024, tras irrumpir armados en un destacamento de la ATM y amenazar a agentes municipales, la red continuó operando con apoyo externo.
Indicios clave para la investigación
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron teléfonos celulares, armas de fuego, municiones y equipos electrónicos, que serán sometidos a pericias para ampliar la red de implicados y determinar hasta dónde llegó la filtración de información judicial.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas vinculaciones dentro o fuera del sistema judicial.
