Una nueva propuesta legal enviada por el presidente Daniel Noboa ha encendido el debate en la Asamblea y en todo el país. Se trata de la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, un proyecto que busca golpear las finanzas del crimen organizado, pero que también ha generado serias críticas desde el correísmo.
El documento fue remitido con el argumento de que Ecuador enfrenta una crisis de violencia sin precedentes. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, los homicidios intencionales se dispararon de 4.886 en 2022 a 8.248 en 2023, una escalada del 69%. Aunque en 2024 se registró una ligera baja (7.033 casos), la cifra sigue siendo alarmante, y hasta abril de 2025, ya se han reportado 3.084 asesinatos.
La ley propone un régimen de transición al estado de paz en zonas donde se logre recuperar el control territorial. Se crearían zonas de seguridad, y el Presidente tendría la facultad de declararlas bajo recomendación del Bloque de Seguridad. Además, el texto plantea medidas clave como:
- Reconocimiento legal del Bloque de Seguridad
- Regulación de indultos para policías y militares
- Extinción de dominio más rígida
- Reformas al COIP con penas de hasta 30 años para miembros de grupos criminales
- Exclusión de FF.AA. y Policía del régimen de paz en cuanto al uso de la fuerza
Pero no todos están de acuerdo. Paola Cabezas, legisladora del correísmo, denunció que el proyecto abre la puerta a allanamientos sin orden judicial y otorga más poder a la Fiscalía, lo que podría derivar en abusos de autoridad. También criticó los indultos “a la carta”, que —según ella— promoverían la impunidad en posibles violaciones a derechos humanos.
Liliana Durán fue aún más tajante: calificó la ley como un retroceso democrático que confunde seguridad con beneficios tributarios y clientelismo. Asegura que viola principios constitucionales, no cumple con los requisitos de una ley económica urgente y criminaliza la defensa de derechos.
Cristian Hernández, otro legislador crítico, advirtió que con esta ley se puede perseguir a cualquiera. Además, señaló que el Gobierno ya incumplió su promesa de destinar el 3% del IVA a seguridad, lo que, según él, pone en duda la credibilidad del Ejecutivo.
Incluso el candidato a vicepresidente del correísmo se pronunció, asegurando que el proyecto no cumple los requisitos legales para ser tratado como una ley urgente en materia económica.
