El Gobierno de Daniel Noboa avanza a paso firme en su plan de reestructuración del Estado. Este viernes 5 de septiembre de 2025, el presidente firmó un decreto ejecutivo que modifica y deroga disposiciones emitidas en 2009, 2016 y 2024, con el objetivo de facilitar la reorganización y fusión de ministerios y secretarías de la Función Ejecutiva.
Con esta decisión, la implementación del plan oficializado el pasado 15 de agosto quedará bajo la responsabilidad directa del Ministerio de Trabajo, en coordinación con Economía y Finanzas. Ambas carteras deberán definir las nuevas estructuras institucionales, aprobar los estatutos de las entidades y establecer las remuneraciones de los servidores públicos que formen parte del proceso de unificación.
Cambio en el manejo de viceministerios
Uno de los puntos clave del decreto es la derogación de incisos que limitaban la creación de viceministerios. En 2016, durante el gobierno de Rafael Correa, se estableció que las instituciones con menos de 1.000 funcionarios solo podían tener un viceministerio y que los excedentes debían eliminarse. Noboa eliminó esta restricción para permitir que las entidades absorbidas se conviertan en viceministerios sin trabas legales.
De igual forma, el mandatario anuló una disposición de 2009 que exigía la autorización presidencial —previa recomendación de la Secretaría de Planificación y los ministerios de Trabajo y Finanzas— para crear nuevos viceministerios. Desde ahora, serán estas dos carteras quienes definan el proceso, sin necesidad de aprobación directa del presidente.
Una reestructuración sin precedentes
Para analistas políticos, estas reformas representan un paso decisivo hacia la modernización del aparato estatal, ya que buscan optimizar recursos, reducir duplicidad de funciones y dar mayor agilidad a la gestión pública. La reorganización implica la fusión de varias entidades y la reestructuración de ministerios estratégicos, un movimiento que marca un antes y un después en la administración pública ecuatoriana.
El decreto de Noboa evidencia su intención de dejar atrás viejas normativas y adaptar la Función Ejecutiva a los desafíos actuales, en medio de un contexto de crisis económica, demandas de eficiencia y exigencias ciudadanas de un Estado más funcional.
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