En la madrugada del martes 10 de junio, un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía sorprendió con un allanamiento en la vivienda de la jueza Nubia Vera en Quito, en busca de pruebas que podrían confirmar un presunto delito de concusión. La investigación, bajo el nombre clave “Mueble Fino”, pone bajo la lupa la actuación de Vera, quien como jueza de la Unidad de Familia habría exigido muebles de lujo a cambio de decisiones favorables en procesos judiciales.
Vera es la magistrada que, el 23 de diciembre de 2024, emitió un fallo que permitió a Verónica Abad regresar a la vicepresidencia, una decisión que ha desencadenado una red de pesquisas y denuncias cruzadas. Mientras la Fiscalía apunta a posibles sobornos, la Judicatura y su presidente, Mario Godoy, denuncian una supuesta campaña de calumnias y acusan a Vera de asociación ilícita, vinculando sus acciones con maniobras políticas previas a las elecciones generales de febrero de 2025.
En medio de esta batalla legal y política, el abogado de Vera denuncia persecución y manipulación por parte de un sistema judicial supuestamente capturado por intereses gubernamentales, señalando que mientras se persigue a Vera, otros casos de corrupción, como el del denominado “Pendrive” contra Godoy, permanecen congelados.
Este choque explosivo entre poderes no solo reaviva las tensiones en la Justicia, sino que también pone en entredicho la independencia y la transparencia en uno de los momentos más delicados del escenario político nacional.
