El paro nacional contra el alza del diésel, convocado por la Conaie, dejó este lunes más de 50 detenidos en varias provincias del país, entre ellos dos ciudadanos venezolanos que serían presuntos integrantes del Tren de Aragua, confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.
Los extranjeros fueron arrestados en Otavalo, Imbabura, junto a otras 18 personas, tras el ataque de un grupo de manifestantes a un cuartel policial que dejó dos agentes heridos y daños materiales de consideración, según el último balance de la Policía Nacional.
“Es preocupante que aparezcan extranjeros vinculados a grupos delictivos en medio de estas manifestaciones. Vamos a investigar su rol y conexiones en el país”, señaló Reimberg en entrevista con Teleamazonas.
El Tren de Aragua y la crisis de seguridad
El Tren de Aragua, catalogado como organización terrorista por el presidente Daniel Noboa, forma parte de la lista negra de grupos internacionales que incluyen a Hamás, Hezbolá, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y disidencias de las FARC. También se suma el Cártel de los Soles, señalado por EE. UU. como liderado por Nicolás Maduro.
El presidente Daniel Noboa confirmó la presencia del Tren de Aragua en Ecuador, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Latinoamérica. El mandatario señaló que este grupo extranjero, vinculado a múltiples delitos, forma parte de las bandas catalogadas como terroristas dentro del marco del conflicto armado interno declarado en 2024.
Según Noboa, el Tren de Aragua representa una amenaza para la seguridad nacional, por lo que el Gobierno intensificará los operativos militares y policiales para neutralizar sus actividades en el país.
La tensión por el precio del diésel
Las manifestaciones se concentraron en Imbabura y Cotopaxi, donde la ciudad de Latacunga amaneció militarizada para evitar que fuera tomada por los protestantes.
El Gobierno defiende que la eliminación del subsidio al diésel —que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón— permitirá liberar 1.100 millones de dólares anuales, destinados a programas sociales y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el movimiento indígena advierte que la medida encarecerá la vida de los ecuatorianos y exige su derogatoria. El Ejecutivo ha sido claro: no habrá marcha atrás.
La Fiscalía advirtió que aplicará la ley con firmeza frente a actos de terrorismo, violencia organizada o bloqueos ilegales durante las protestas.
