Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras dos personas enfrentan un juicio por delincuencia organizada, vinculado a la venta irregular de pruebas de COVID-19 durante la pandemia de 2020.
La audiencia arrancó el viernes, tras cuatro años de retrasos y 10 convocatorias fallidas, debido a maniobras de los acusados y sus abogados. Bucaram padre participa de forma virtual, por su delicado estado de salud que requiere asistencia respiratoria permanente.
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Aunque en su momento hubo un intento por anular el proceso y liberar de cargos a los Bucaram, la fiscal Lidia Sarabia logró que el caso continúe. Este lunes siguió el interrogatorio de testigos. La Fiscalía ha llamado a declarar a 154 personas, entre policías, peritos y funcionarios del SRI, Aduanas y la banca.
Según la acusación, entre marzo y agosto de 2020, los Bucaram, dos israelíes (Sheiman Orem y Shy Dahan, quien fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral) y tres agentes de tránsito de Quito, conformaron una red delictiva que usó recursos públicos para mover 21 mil pruebas COVID-19 hasta Guayaquil durante el toque de queda.
Las pruebas eran entregadas a Jacobo Bucaram, quien habría pagado USD 321 mil en efectivo a los extranjeros. Los dos israelíes fueron detenidos en Santa Elena y, gracias a la información de sus celulares, se amplió la investigación.
Dos agentes de tránsito ya aceptaron su responsabilidad y fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión mediante procedimientos abreviados. En cambio, las cuatro personas que no reconocieron su culpa, podrían enfrentar penas de hasta 13 años de cárcel. El tribunal prevé concluir el juicio este miércoles.
