Allanan oficinas y viviendas de funcionarios del Ministerio de Economía por presunta corrupción

Durante la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero de 2025, agentes policiales y la Fiscalía llevaron a cabo allanamientos en oficinas y viviendas vinculadas a funcionarios públicos. La investigación apunta a la existencia de una presunta red de cobros ilegales que operaba en estas dependencias.

Las investigaciones por asociación ilícita surgieron tras una denuncia presentada por el propio Ministerio de Economía. La Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía ejecutó los operativos de manera reservada en la madrugada del 23 de enero de 2025.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dinero en efectivo, computadoras, teléfonos móviles y otros registros que serán clave para la investigación.

El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, acompañó parte de las diligencias en la Plataforma Financiera del Norte en Quito. En declaraciones a PRIMICIAS, afirmó que estos operativos reflejan el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción.

De manera extraoficial, se conoció que la investigación involucra a una presunta red de sobornos en la que funcionarios del Ministerio de Economía habrían exigido pagos indebidos para agilizar trámites relacionados con proveedores y otros servidores públicos.

La Policía Nacional compartió imágenes de los operativos realizados en distintos puntos de Quito a través de sus redes sociales.

Tras los allanamientos, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que destacó la importancia de las investigaciones en curso, mencionando que el Ministerio de Economía y Finanzas presentó recientemente “denuncias claves” que revelaron actos de corrupción vinculados a administraciones anteriores.

“El compromiso de este Gobierno es claro: no toleramos la corrupción ni protegemos a quienes abusan de la confianza pública”, señala el comunicado. Además, se reafirmó la intención de colaborar con las autoridades para que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes, garantizando así la transparencia y ética en la gestión pública.

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