Caso Pico y Plata: Detienen a agentes de tránsito en Quito por presunta concusión

Catorce personas, incluidos nueve agentes de tránsito, fueron detenidas en Quito por presunta concusión relacionada con el caso Pico y Placa, tras investigaciones que se remontan a 2022.

Al menos nueve agentes de tránsito fueron detenidos en Quito por presunta concusión en el caso Pico y Plata. La Policía Nacional, junto con la Fiscalía, llevó a cabo 14 allanamientos el 17 de octubre de 2024. Cerca de 223 servidores participaron en la operación, que buscaba capturar a funcionarios municipales acusados de exigir dinero a cambio de no sancionar infracciones relacionadas con la medida Pico y Placa.

Durante la intervención, se detuvieron a siete agentes por este delito y dos personas más fueron aprehendidas para fines investigativos. Como parte de las evidencias, se confiscó dinero en efectivo, celulares, computadoras, matrículas, licencias de conducir y uniformes oficiales.

Además, en Quito se llevaron a cabo otros allanamientos relacionados con dos investigaciones por presunta concusión. En este proceso, se ejecutaron tres órdenes de detención para formular cargos contra los agentes de tránsito Cristian C., Segundo J. y Geovanny M..

Al igual que en el primer caso, los funcionarios metropolitanos habrían exigido pagos para no reportar presuntas infracciones de tránsito relacionadas con el plan de restricción vehicular Pico y Placa o con la circulación de vehículos con llantas lisas, según detalló la Fiscalía.

La situación jurídica de los detenidos se resolverá en las próximas horas, mientras las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos. El mayor Patricio Gaibor, jefe de la Unidad Nacional Delito contra la Eficiencia en la Administración Pública, confirmó que 14 personas han sido detenidas desde el 2022, de las cuales nueve son agentes de tránsito y cinco son colaboradores, algunos familiares.

Estos colaboradores prestaban sus cuentas bancarias para que el dinero exigido por las sanciones no emitidas fuera depositado, lo que llevó a allanamientos en Imbabura y Pichincha.

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