Además, otros cinco implicados, Reinaldo Cevallos, Henry Taylor, Nelson Ponce, Guillermo Valarezo y Juan Riofrío, recibieron una condena de nueve años y cuatro meses de cárcel por colaborar en la estructura criminal.
Dos procesados, Alberto L. y Ruth S., que se acogieron a la cooperación eficaz, cumplirán un año y cuatro meses de prisión. En contraste, el Tribunal ratificó la inocencia de Fausto A., Andrea P. y Saúl M., disponiendo su inmediata libertad y la devolución de sus bienes incautados.
Como parte de las sanciones económicas, los líderes de la organización deberán pagar una multa de 40 salarios básicos unificados (USD 18.800), mientras que los colaboradores pagarán 20 salarios básicos unificados (USD 9.400). También se ordenó la pérdida de derechos de participación por 20 años para los cabecillas y por 15 años para los colaboradores.
#AHORA | #CasoPurga: con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se reinstala la audiencia de juicio contra 13 procesados por presunta #DelincuenciaOrganizada. Hoy, el Tribunal de la @CorteNacional dará a conocer la sentencia. pic.twitter.com/XWphpqAhbu
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 3, 2025
Los casos que evidenciaron la corrupción judicial
La Fiscalía demostró que los acusados formaban parte de una estructura criminal que manipuló el sistema judicial para obtener beneficios ilícitos. Dos eventos clave fueron fundamentales en la investigación:
- «Caso Banco del Pacífico»: Pablo Muentes y su esposa lograron, a través de jueces aliados, que el banco les indemnizara con casi USD 4 millones por una deuda que nunca pagaron, utilizando documentos falsificados.
- «Caso Cuerpo de Ingenieros del Ejército»: Jueces vinculados a la organización favorecieron a esta institución en una demanda contra la Empresa Pública Metropolitana de Quito, a cambio de la remodelación del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial de Guayas.
La jueza Daniela Camacho, quien lideró la ponencia, explicó que la estructura criminal operaba con una jerarquía definida y con objetivos ilícitos claros. “La delincuencia organizada se distingue de la común porque sus miembros tienen roles específicos y permanencia en el tiempo”, afirmó.
Medidas reparatorias y mensaje de la Fiscalía
El Caso Purga se originó a raíz de la investigación del Caso Metástasis, que reveló la injerencia del crimen organizado en la política y el sistema judicial ecuatoriano. Este proceso ha dejado hasta ahora 25 funcionarios judiciales destituidos, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en Ecuador.
Como parte de la reparación integral, se ordenó la publicación de la sentencia en la página web del Consejo de la Judicatura y la colocación de una placa en la Corte de Justicia del Guayas con la inscripción: «La administración de justicia es gratuita».
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, destacó que este fallo es clave para erradicar la corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano. «Solo alejando los intereses políticos y económicos de la justicia podremos construir un sistema independiente y transparente», afirmó.
